Efe – 24 de agosto de 2019
Los traductores e intérpretes de la Justicia denuncian la escasez de la plantilla de este colectivo y exigen la inmediata puesta en marcha de un registro oficial donde estén inscritos profesionales cualificados e imparciales, lo que garantizaría un proceso judicial justo. Así lo aseguran las presidentas de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ), Laura Izquierdo, y de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (Asetrad), María Galán.
Cada vez son más los procesos judiciales que precisan este servicio. Árabe, inglés, rumano y francés son las lenguas que más se interpretan actualmente en España durante la instrucción de un caso o durante los juicios. Sin embargo, pese a esta mayor demanda, la plantilla de traductores oficiales en los ministerios de Justicia e Interior es “pequeña” y “escasa”, tal y como subraya Izquierdo, que cifra en unos cuarenta el número de estos profesionales que han accedido por oposición.
Además, en esos dos departamentos los traductores e intérpretes son personal laboral, en contraste con lo que sucede en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde tienen la categoría de funcionarios, explica la presidenta de APTIJ antes de señalar que en la actualidad en ese puesto la movilidad es “inexistente”, como lo es también la posibilidad de promocionar.
La escasez de la plantilla oficial obliga a recurrir a traductores externos, no siempre cualificados, según Izquierdo, quien urge a la puesta en marcha del registro, cuya creación estaba prevista en la modificación de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero aún no se ha presentado el proyecto normativo que debe regularlo.
Ambas asociaciones lo tienen claro: la creación del registro evitaría abusos por parte de las empresas externas que acuden a la licitación del servicio, aseguraría que los traductores e intérpretes que intervienen en el ámbito policial y judicial cuenten con todas las garantías y evitaría la vulneración del derecho a un juicio justo.
María Galán resalta la importancia de este colectivo en el ámbito judicial ya que “deben estar presentes durante todo el proceso”, desde que el acusado entra en dependencias policiales hasta el interrogatorio del juez, la reunión con su abogado o la vista oral, donde también muchos testigos precisan de este servicio. “Nos estamos jugando mucho, estamos hablando del derecho de defensa, de la privación o no de la libertad”. Por tanto, apostilla Galán, es un trabajo que deben realizar profesionales preparados, que “dominen la terminología y mantengan la imparcialidad”.
Galán pone un ejemplo que, según recuerda, fue real y dice: “No se pueden dar casos en los que una mujer nigeriana, maltratada, que se arma de valor para denunciar tras un proceso psicológico bestial, sea interpretada por el primo de su maltratador”.
Tanto Galán como Izquierdo aluden a un estudio que evidencia situaciones en las que se vulnera el derecho a un juicio justo. Se trata del realizado por el grupo de investigación Miras (Mediación e Interpretación en el Ámbito Social) de la Universidad Autónoma de Barcelona. En él se pone de manifiesto que en la práctica solo se interpreta al acusado poco más de la mitad (en concreto, un 54 por ciento) de lo que está sucediendo en la vista oral.
Cuando un intérprete entra en la sala de vistas únicamente con su agenda y un bolígrafo, puede dar la impresión de que su trabajo lo puede hacer cualquiera que conozca dos idiomas. Pero no es así. Lo que no se ve a simple vista es su formación universitaria, su preparación en la terminología judicial e, incluso, las técnicas especializadas con las que toma nota en esa libreta, concluyen las presidentas de las dos asociaciones.