| Jennifer Medina SAN DIEGO — Magdalena Lucas Antonio de Pascual y sus tres hijos se enfrentaban a la deportación, y el juez de inmigración quería asegurarse de que ella entendiera los cargos en su contra. Pese a la ayuda de un intérprete de q’anjob’al, una lengua maya también llamada kanjobal, parecía que Antonio de Pascual comprendía muy poco de lo que le decían. “¿Qué idioma habla?”, le preguntó el juez Philip S. Law. “¿Dice que por qué me fui de mi país?”, respondió ella, a través del intérprete. “Crucé la frontera ilegalmente porque tenía que hacerlo”, le dijo después al juez. “Voy a ignorar lo que acaba de decirme porque eso no fue lo que pregunté”, dijo. “Estoy tratando de explicarle el proceso y sus derechos”. Los malentendidos siguieron durante la audiencia de cincuenta minutos. Magdalena es una de muchos migrantes que llegan a Estados Unidos desde zonas remotas de Centroamérica y que solamente hablan lenguas indígenas. Un aumento en el número de estos migrantes incrementa los retrasos en un sistema judicial que de por sí está abrumado por la acumulación de más de 800.000 casos pendientes. Según abogados, intérpretes y activistas, la presión sobre el sistema se intensifica porque los tribunales no tienen intérpretes suficientes para atender a estas personas. Los agentes migratorios en Estados Unidos pueden proporcionar traductores de hasta 350 idiomas, entre ellos mandarín, criollo, panyabi, árabe y ruso. Sin embargo, las veinticinco lenguas habladas con mayor frecuencia en tribunales migratorios durante los últimos años incluyen el mam, quiché y kanjobal, lenguas indígenas que se hablan en Guatemala. En San Diego, la audiencia de un hablante de kanjobal fue retrasada por más de un año porque no había intérpretes disponibles. En otro caso, un hombre cuyo idioma principal es el mam no pudo explicar que su familia había sido asesinada en su ciudad guatemalteca de origen, lo cual, según su abogado, podría ayudarlo a obtener asilo. Los problemas también se han presentado en tribunales penales: en un caso por un delito menor de agresión contra un hombre, el intérprete para ixil del tribunal no le preguntó al acusado si era competente para comparecer en el juicio, la traducción que le pidió el juez, sino que le dijo al hombre en ixil que “rezara a Dios”, según una queja presentada contra la corte estatal de Wisconsin. Ashley Tabaddor, jueza de inmigración en Los Ángeles y presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), comentó que la falta de intérpretes ha empeorado los retrasos. “Es un desperdicio masivo de nuestro tiempo tener que reorganizar cientos de miles de casos para lidiar con problemas relacionados al idioma y después no tener un intérprete”, comentó Tabaddor. El reducido número de intérpretes que sí cuentan con un entendimiento básico de las lenguas indígenas a menudo no está capacitado para ayudar porque deben explicar términos legales que son difíciles de entender en cualquier idioma, además de que existen diferencias importantes entre los dialectos regionales. Puesto que los migrantes no pueden entender ni ser comprendidos, no hay manera de asegurar la justicia en el tribunal, según denuncian los abogados y expertos en inmigración. “Tenemos toda una infraestructura en la que el idioma predeterminado es el español, pero hay miles de personas que al cruzar la frontera sur no pueden comunicarse de esa manera; básicamente se vuelven invisibles”, dijo Blake Gentry, un investigador que calcula que hasta un tercio de los migrantes que cruzan a través de Arizona no hablan español. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia estadounidense indica que los tribunales de inmigración en ese país han tenido un aumento constante de guatemaltecos hablantes de lenguas indígenas en los últimos cinco años. Y esas lenguas solo son las adiciones más recientes a la lista, que desde hace varios años incluye de manera rutinaria el zapoteco, mixteco, ixil y popti, idiomas del sur de México y Centroamérica. “La falta de intérpretes para las personas indígenas ha sido un problema durante mucho tiempo”, dijo Odilia Romero, intérprete de zapoteco que desde hace veinte años también es activista del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. “Pero lo que vemos ahora es algo completamente distinto: tenemos poblaciones enteras que llegan hablando lenguas que no hemos escuchado antes en Estados Unidos”. “Es posible que el tribunal proporcione un intérprete para cumplir con el requisito, pero eso no significa que haya un entendimiento auténtico”, comentó. Odilia Romero, intérprete del zapoteco, también ha sido activista del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales desde hace veinte años. Foto Kayla Reefer para The New York Times Aunque muchos tribunales de inmigración tienen intérpretes de español en su personal, dependen de contratistas privados para conseguir intérpretes de lenguas indígenas. Casi todos provienen de una empresa con sede en Virginia, SOS International, que tiene un contrato de 80 millones de dólares con el gobierno federal estadounidense. Una portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración dijo que el tribunal intenta adaptarse para atender a todos los hablantes de idiomas distintos del inglés y monitorea constantemente los casos a nivel nacional para satisfacer nuevas necesidades. No obstante, traer a nuevos intérpretes al tribunal nunca ha sido fácil: como hay muy pocos, y existe una demanda tan alta, deben ser programados con semanas o incluso meses de anticipación. A menudo, los jueces se ven obligados a trabajar con intérpretes por teléfono; resulta difícil escuchar todas las declaraciones y les es imposible entender el lenguaje corporal. La escasez de intérpretes afecta a las cortes de todo Estados Unidos, incluyendo los concurridos tribunales de Nueva York y Chicago. Incluso cuando los intérpretes están presentes en el tribunal les es difícil explicar de manera rutinaria conceptos legales a los migrantes, sobre todo a quienes no cuentan con un abogado, que son la gran mayoría. Además, dado que muchos intérpretes indígenas no hablan inglés, deben usar un proceso de doble interpretación en el que lo expresado en inglés por el juez se traduce al español antes de que vuelva a ser interpretado a la lengua indígena. Desde que inmigró a Los Ángeles desde Guatemala en los años noventa, Policarpo Chaj ha trabajado como intérprete de quiché para abogados, médicos y otros negocios. Chaj dijo que en repetidas ocasiones ha escuchado que los abogados intentan contratar a cualquier hablante de quiché y español que conozcan. “Hablar un idioma no es lo único que te califica para ser intérprete”, comentó. “Debes entender la ley, saber escribir, debes saber preguntar algo concreto. Estás tratando con los derechos de la gente, es tu responsabilidad moral asegurarte de que entiendan exactamente lo que está diciendo el juez”. Es posible que los migrantes no encuentren a una sola persona que hable su idioma en su paso por el sistema de inmigración, lo cual hace que sea casi imposible proporcionarles información a los oficiales que atienden los casos. Aunque la mayoría de los agentes que trabajan por la frontera mexicana y en centros de detención hablan por lo menos un poco de español, pocos conocen alguna lengua indígena. Los funcionarios a menudo se muestran frustrados y acusan a los migrantes de no cooperar, lo cual los deja aún más confundidos, según señalan abogados y defensores. Los niños que no hablan español quedan especialmente aislados, de acuerdo con los trabajadores de los albergues. Se quedan sin poder hablar con defensores y es más probable que reaccionen de manera negativa, por lo que después los castigan o los medican. En muchas ocasiones, los padres que solo hablan un idioma indígena no pueden expresar que los separaron de sus hijos. A veces, los migrantes se ven obligados a depender de sus hijos bilingües para obtener más ayuda. En el tribunal, Magdalena Lucas Antonio de Pascual tuvo problemas para explicarle su situación al intérprete de kanjobal del tribunal. La familia llegó a Estados Unidos a mediados de 2018 para reunirse con el padre, que ha vivido en el área de San Diego durante varios años. Magdalena, quien es analfabeta, dijo que no podía recordar cuáles formatos firmó ni las preguntas que respondió cuando habló con los agentes estadounidenses cerca de la frontera el año pasado. La audiencia inicial de la mujer ya se había pospuesto porque no había intérpretes disponibles. Al final de la comparecencia más reciente, le pidió al juez que le diera seis meses con el fin de ahorrar dinero para un abogado. El juez argumentó que eso sería demasiado tiempo y estableció que la mujer debe regresar ante el tribunal en junio de este año, por lo que debía comenzar a buscar un abogado inmediatamente. Cuando le pidieron que se retirara, el hijo de 12 años de Magdalena, que habla un poco de español y kanjobal, tomó los documentos del tribunal y los colocó dentro de su pequeña mochila verde. Dijo que planeaba pasar la tarde llamando a la lista de los abogados sin fines de lucro que podrían aceptar su caso. Miriam Jordan colaboró con el reportaje. |
