Profesores no nacionalistas expresaron este jueves su pesimismo tras conocer la sentencia sobre la Ley de Educación Catalana.
Profesores no nacionalistas expresaron este jueves su pesimismo tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Educación Catalana. Advirtieron que, más allá de lo que se diga sobre el papel, en la práctica el castellano está en inferioridad en las aulas de Cataluña: en la mayoría de centros no se usa en Infantil y su presencia se reduce a sólo dos horas semanales en Primaria y tres horas en Secundaria.
“El sistema no tiene garantías de cumplimiento. Jurídicamente, el castellano está garantizado, pero no se cumple en algunos lugares”, señaló Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que defiende las “ventajas cognitivas y sociales del multilingüismo”. “Los proyectos lingüísticos de 2.200 centros evidencian que la presencia del castellano es casi nula”, añadió Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Acaba de publicar un trabajo donde avisa de que los castellanohablantes van con medio año de retraso respecto a catalanohablantes en Pisa. Y Félix Ovejero, profesor de Ética y Economía en la Universidad de Barcelona y colaborador de EL MUNDO, advirtió de que “España es el único país, junto a las islas Feroe, donde no se puede aprender en la lengua oficial del Estado”.
Morgado, Calero y Ovejero fueron tres de los ponentes que hablaron este jueves en el I Congreso del Foro de Profesores, organizado para contrarrestar el relato del independentismo que será clausurado hoy en la Universidad de Valladolid por la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano. Los asistentes denunciaron que “el Estado ha desaparecido” de las aulas catalanas y que los niños “han sido abandonados” por gobiernos tanto del PP como del PSOE. Las familias que quieren más horas en castellano se ven forzadas a acudir a los tribunales y “la Administración catalana busca subterfugios para no cumplir”. “Los colegios tratan de excluir a estos alumnos, que terminan yéndose del centro”.
Lo contaba Ana Losada, de la Asamblea por una Escuela Bilingüe: “A los padres que me preguntan cómo pueden recurrir siempre les digo que tiene un coste. A mi hija de siete años dejaron de invitarla a los cumpleaños. Yo tuve que salirme del chat de padres porque me llamaban facha. La mayoría de las familias no sigue. Me dicen: ‘¿Van a señalar a mis hijos por esto?’. Pregunta que no se concibe en un país democrático”.
Nuria Plaza, profesora de Filología Hispánica y miembro de la Directiva de Impulso Ciudadano, sostuvo que la lengua se utiliza, junto a los libros de texto, para “instrumentalizar el sistema educativo catalán”, en “una actuación coordinada del Departamento de Enseñanza, directores, profeso-res, sindicatos, AMPAS e inspectores”.
“Estamos atados de pies y manos”, lamentó. “Los padres ven que se adoctrina y el Gobierno no hace nada. Las instituciones catalanas argumentan que tienen libertad de expresión. La Inspección dice que se han transferido las competencias y que no se puede hacer nada más. Hay una indefensión brutal de las familias”.
Los asistentes constatan dos cosas. La primera es su vulnerabilidad: “Que este congreso se celebre en Valladolid y no en Barcelona demuestra lo débiles que estamos los constitucionalistas”, apuntó Helena Torroja, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona. La segunda es que, hasta ahora, “no se ha construido un contrarrelato frente al nacionalismo”, en palabras de Carlos Ramón Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional Público de la Carlos III de Madrid.
El Foro de Profesores, con 240 miembros que dan clase en 12 países, surge precisamente para hacer frente con argumentos e investigación a las “falsedades” que desliza el independentismo en universidades y medios extranjeros, según el abogado Alfonso Valero, que creó tras aquel 1-O esta plataforma “apartidista” que se moviliza por WhatsApp. Ya han enviado cartas de protesta a las universidades de Ginebra, Cambridge, Saint Andrews o Groningen por invitar a Puigdemont, Torra y Ponsatí sin contar con ponentes con otra visión.
David Jiménez Torres, profesor de Humanidades en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y columnista de EL MUNDO, relató cómo medios extranjeros de renombre “muestran España como un país dividido entre dos fuerzas antagónicas equiparables en términos morales y presentan las sentencias de los jueces como decisiones del poder político”.