Los intérpretes judiciales se dividen en dos generaciones. La primera desde los años sesenta hasta el 2000, cuando fueron nombrados 500 intérpretes por decreto del Poder Ejecutivo, que tenía esa facultad.
Luego, esa potestad pasó a la Suprema Corte de Justicia y ahora al Consejo del Poder Judicial. Desde el año 2000 han sido nombrados alrededor de 350, según precisó el presidente de la Asociación de Interpretes, Luis Pérez Guzmán.
Explicó que el nombramiento como intérprete no es una profesión por sí misma y cita que entre los designados en ese oficio hay abogados, profesores, notarios, diplomáticos. médicos, ingenieros, licenciados en lenguas modernas, historia y otras disciplinas.
Dijo que al tratarse de interpretación de naturaleza judicial, se entiende que debe dominar el argot jurídico y que es preferible que sea abogado.
Manifestó que la ley no establece una profesión específica, sino que dominen al menos los idiomas inglés y francés, sean dominicanos, mayores de edad, y con buenas costumbres.
Pérez Guzmán detalla que ejercen en dos campos, además de los tribunales, dan el servicio privado de traducción de documentos oficiales. Ese trabajo tiene un costo estimado de 750 a 1,500 pesos por cuartilla. El cliente tiene que legalizar las firmas del intérprete en la Procuraduría, por lo cual se cobra 700 pesos.
Señaló que 2,500 traducciones al mes son legalizadas en la Procuraduría. Son nombrados luego de una evaluación de la Escuela Nacional de la Judicatura, que hace la recomiendación al Consejo. En la Asociación, que se formó en el 2009, están afiliados traductores para todos los idiomas, aunque la mayoría son de inglés y francés. Actualmente, un proyecto de ley para crear el Colegio de Intérpretes Judiciales está pendiente de aprobación en el Senado.